Investigan a una persona en Cuenca por vender cachorros mutilados en redes sociales
La Guardia Civil de Cuenca ha abierto una investigación contra una persona acusada de presuntos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional. La actuación se inició tras una denuncia de PACMA por la venta de cachorros con el rabo amputado en redes sociales, sin justificación veterinaria ni autorización legal.
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La Guardia Civil de Cuenca, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha investigado a una persona por un presunto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional. La investigación comenzó a raíz de una denuncia del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que detectó un anuncio en redes sociales en el que se ofrecían cachorros con el rabo amputado.
Los agentes del SEPRONA verificaron que el individuo no contaba con la autorización como núcleo zoológico y que los cachorros presentaban una caudectomía (amputación de la cola) sin certificado veterinario que avalase dicha intervención. Tras una inspección y la recopilación de pruebas, se solicitó un informe a los técnicos veterinarios de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, quienes confirmaron la mutilación y la falta de documentación sanitaria.
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Este tipo de prácticas están prohibidas por la legislación estatal y europea, salvo en casos excepcionales de necesidad terapéutica y bajo supervisión veterinaria. La venta de animales con mutilaciones no justificadas, además de vulnerar el bienestar animal, puede constituir un delito grave.
Como resultado de la investigación, esta persona ha sido puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón. Se le atribuyen presuntos delitos tipificados en el artículo 340 bis del Código Penal (maltrato animal) y en el artículo 403 (intrusismo profesional).
La Guardia Civil recuerda que cualquier acto de mutilación en animales de compañía sin causa veterinaria justificada está expresamente prohibido. Además, advierte que ejercer actos reservados a profesionales veterinarios sin estar habilitado legalmente puede constituir un delito.
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La investigación sigue su curso mientras se refuerzan los controles sobre la venta ilegal de animales en redes sociales.